La Corte Interamericana de Derechos Humanos culminó este jueves una audiencia en un juicio de un ecuatoriano contra Panamá, que los abogados del demandante confían en que sentará un precedente que ayudará a resguardar los derechos de los migrantes ilegales.

La denuncia del ecuatoriano Jesús Tranquilino Vélez Loor, detenido en 2002 en Panamá y condenado a dos años de cárcel por entrar sin visa al país mientras intentaba llegar a Estados Unidos, es la primera causa sobre derechos de los migrantes indocumentados que debe resolver la Corte, con sede en San José.

Panamá reconoció este jueves una "aceptación parcial de responsabilidad internacional" en la denuncia de Vélez, y aceptó resarcirlo de la manera que lo dictamine la Corte, pero negó que éste haya sido torturado por uniformados panameños.

"Este reconocimiento no alcanza a los alegados actos de tortura", expresó en su alegato final la representante del Estado panameño, Iana Quadri de Ballard.

Quadri admitió también que "no se le concedió al señor Vélez el tiempo ni los medios para preparar su defensa", ni se le proporcionó un abogado de oficio para que lo asistiera, y que fue condenado a prisión por el director nacional de Migración y no por un tribunal.

La suerte de los migrantes latinoamericanos cobró mayor relevancia esta semana, luego de que en una hacienda de México fueran hallados los cadáveres de 72 presuntos migrantes de Centro y Sudamérica, aparentemente ejecutados por una banda criminal.

"Realmente es muy importante el caso (de Vélez), porque en este momento las Américas se abocan a la necesidad de leyes de migración respetuosas de los derechos humanos, más allá de punitivas", dijo a la AFP la representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el juicio, María Silvia Guillén.

La CIDH, con sede en Washington, avaló la denuncia de Vélez y llevó el caso ante la Corte, que se estima que dictará su fallo en unos seis meses.

La CIDH y los abogados de Vélez, pertenecientes al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una ONG que promueve los derechos humanos, creen que este fallo puede sentar un precedente poco después de que el Estado de Arizona (suroeste de Estados Unidos) pusiera en vigor una ley que criminaliza a los inmigrantes indocumentados.

"Felizmente Estados Unidos es parte del sistema interamericano, entonces eso trae como consecuencia que tiene que llegar hacia el norte el mensaje que va a salir de la Corte", dijo Guillén.

El miércoles, en el primer día de la audiencia, Vélez relató la odisea que vivió tras ser capturado por policías fronterizos panameños cerca de la frontera con Colombia, en noviembre de 2002.

Vélez, que ahora tiene 44 años, declaró que jamás compareció ante un juez, no se le permitió contactar a su familia ni al Consulado ecuatoriano, y que sufrió torturas a manos de quienes lo arrestaron y de los guardias de las prisiones donde estuvo recluido junto a presos comunes.

El ecuatoriano estuvo recluido en una prisión de la isla Palma y después en el penal capitalino de La Joyita, donde alega que también sufrió malos tratos, incluida una herida en la cabeza luego de que migrantes presos realizaran una "huelga pacífica" en protesta por las malas condiciones de reclusión.

El demandante busca una reparación moral, que incluya el reconocimiento por parte de Panamá de que sus funcionarios violaron sus derechos humanos, y que le pague un tratamiento médico por las secuelas de la herida sufrida en prisión, entre otras exigencias.

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