Latinoamérica vale la pena a pesar de la inseguridad jurídica, dicen empresarios
Latinoamérica vale la pena a pesar de la inseguridad jurídica, dicen empresarios
América Latina, que en los últimos años ha experimentado un "fortalecimiento institucional", sigue presentando importantes oportunidades para las grandes empresas españolas a pesar de la inseguridad jurídica de muchos países, según un informe publicado en España.
América Latina, que en los últimos años ha experimentado un "fortalecimiento institucional", sigue presentando importantes oportunidades para las grandes empresas españolas a pesar de la inseguridad jurídica de muchos países, según un informe publicado en España.
América Latina, que en los últimos años ha experimentado un "fortalecimiento institucional", sigue presentando importantes oportunidades para las grandes empresas españolas a pesar de la inseguridad jurídica de muchos países, según un informe publicado en España.
América Latina "presenta aún hoy importantes oportunidades de negocio para las empresas españolas", indicó el informe, aprobado el lunes y presentado el martes por la comisión de asuntos iberoamericanos del Senado español y en el que participaron 19 empresas españolas.
En los últimos años, las empresas destacaron el "progresivo fortalecimiento institucional" y "la creciente capacidad de los gobiernos y bancos centrales para hacer frente" a la actual crisis financiera internacional, según este informe, obtenido por la AFP.
Por países, el estudio distingue entre tres grupos según el nivel de seguridad jurídica.
Bolivia, Ecuador, Venezuela y Cuba se caracterizan "por los bajos niveles de seguridad jurídica", aunque "ofrecen una serie de oportunidades por la que merece la pena mantener una presencia".
De Bolivia destacan que se trata de un "pequeño mercado" pero tiene "recursos energéticos"; de Cuba, su "ausencia de libre mercado" pero "oportunidades ante potencial cambio", y de Ecuador, sus "problemas con los hidrocarburos".
Los empresarios españoles señalan de Venezuela la "arbitrariedad" y la "tendencia al abandono del libre mercado", pero subrayan que tiene un "mercado importante", por lo que conviene "posicionarse ante potencial cambio".
En este primer grupo también se incluyen otros dos países: Argentina, del que subrayan la "volatilidad institucional", y Guatemala, donde existe un "clima inversor desfavorable", estiman.
Al otro lado, "Chile, Brasil, México, Colombia, Uruguay, Panamá y Perú "han invertido en fiabilidad e institucionalidad" y "ofrecen un marco más seguro y favorable" para la inversión de empresas españolas.
Chile es una "plataforma exportadora" que además ofrece "profesionalidad"; Brasil, una "potencia emergente" con "financiación propia" y México, un "mercado energético en apertura".
En Perú señalan las "oportunidades en distribución de electricidad" y en Uruguay, "oportunidades en el ámbito del medio ambiente".
En una posición intermedia está "un grupo de países con garantías intermedias e importantes oportunidades de negocio, como la República Dominicana", donde destacan la "falta de infraestructuras", el turismo, la sanidad y servicios de crecimiento" como sectores para invertir.
Las empresas que participaron en el informe reclaman poder participar más en los proyectos de cooperación españoles, alegando "compatibilidad de intereses".
Asimismo recomiendan "convertir a la empresa española en un referente en responsabilidad social corporativa", "construyendo una imagen país de respeto escrupuloso al derecho internacional".
Por su parte, el senador catalán de izquierda Josep Nuet, que fue el único de la comisión que no aprobó el informe, criticó que las empresas españolas "no han contribuido a una mejora del empleo" en América Latina, "apenas han mejorado la calidad de los servicios que ofrecen, casi no han realizado inversiones" y "sus actividades han ido asociadas a un enorme rastro de graves impactos ambientales, sociales y culturales".
Ello ha provocado que "algunos gobiernos latinoamericanos hayan decidido acabar con las condiciones tan favorables de que disfrutaban las empresas extranjeras en su territorio".
Además apuntó que "existe una creciente opinión pública latinoamericana que observa de forma negativa el creciente dominio sobre sectores estratégicos de la economía por parte de las multinacionales españolas".
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